El pequeño dictador de Ciudadanos-Citadans el socio del PSOE propone que el gobierno pueda bloquear las redes sociales
El pequeño dictador de Ciudadanos el socio del PSOE propone que el gobierno pueda bloquear las redes sociales sin autorización judicial
Albert Rivera propone que el gobierno pueda bloquear las redes sociales sin autorización judicial
La actual regulación prevé que, en relación con investigaciones correspondientes a elementos terroristas, se pueda suspender el secreto de las comunicaciones (postales, telegráficas y telefónicas) cuando exista un permiso judicial previo. Ciudadanos estaría contemplando modificar el marco legal no solo para incluir las nuevas formas de comunicación a través de internet y las redes sociales sino también para que los cuerpos de seguridad del Estado y los servicios de inteligencia puedan actuar libremente sin el permiso de un juez.
Según la Cadena SER, Ciudadanos pretende presentar su programa con estas medidas concretas y de futuro en relación con la lucha antiterrorista en el marco de la reforma de la Constitución, que no dudan que se dará en la próxima legislatura, para ser debatido con el resto de fuerzas políticas.
Sin embargo, una modificación así de la Constitución otorgaría a la Policía y al Estado el poder absoluto de controlar las comunicaciones de cualquier ciudadano cuando se declarara un “estado de excepción”, unas situaciones de “anormalidad” que podrían ser definidas por el propio Gobierno contra colectivos sociales que estuvieran en contra de sus políticas, extendiendo el manto del “terrorismo” a todo elemento que le fuera discordante.
Con su reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que entrará en vigor a principios de diciembre, el Partido Popular ya intentó introducir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pudiesen llevar a cabo la intervención de las comunicaciones privadas en el marco de una investigación sin la necesidad de la autorización de un juez, pero finalmente y debido a las múltiples protestas procedentes tanto de los partidos de la oposición, de los colectivos jurídicos y de la sociedad civil, esta medida, el PP se vio obligado a rectificar e incluir la obligatoriedad de la autorización judicial en el articulado.
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